Estamos
viviendo en una falsa democracia, donde casi todo es mentira, estamos sometidos
diariamente a manipulaciones políticas y mediáticas, vivimos en un mundo en el
que a los ciudadanos les es cada día más complicado diferenciar la mentira de
la verdad. Esto, asociado al cansancio mental y la distracción intelectual
organizada, permite a los políticos actuar como en una dictadura, dejando al
ciudadano con la falsa impresión de vivir en una democracia muy avanzada, algo así como en la canción de Sabina, que dice: "me
tratarías mejor que a un perro, piensa que es libre porque anda suelto,
mientras arrastras la soga al cuello".
Los votantes
necesitan más herramientas para tomar decisiones y cambiar leyes, para no estar
obligados a soportar imposiciones, en muchas ocasiones, contrarias a sus
propios intereses y tener que esperar cuatro años para cambiar unos políticos
que deciden su futuro sin contar con la aprobación de los que les votaron.
La
iniciativa legislativa popular
Una de estas
herramientas podría ser la iniciativa legislativa popular, esto tendría que ser
un derecho cívico que permitiría a un grupo de ciudadanos con derecho a voto,
reunidos en un comité de iniciativa, proponer una modificación parcial o total
de la constitución, de leyes existentes o proponer leyes nuevas y someterlo a
votación popular.
Ese comité de
iniciativa, podría recoger 2% de firmas necesarias del censo electoral, en un
periodo de 12 meses desde la fecha en que registraron la iniciativa en la mesa
del parlamento. A partir de esa fecha, el Gobierno tendría otros 12 meses para
someterla a votación popular.
El mismo Gobierno
podría proponer un contraproyecto, enmiendas o simplemente pedir el rechazo a
los ciudadanos de ese proyecto de ley antes de presentarla a votación.
Evidentemente,
eso mismo, se haría extensivo y se adaptaría a las CCAA y ayuntamientos.
El solo hecho de
que existiera esa posibilidad, haría reflexionar a los políticos que dictan
leyes contrarias a los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
Pongo como
ejemplo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, la del artículo
135 de la Constitución
Española o la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. Solo por citar algunas de las más
polémicas.
La iniciativa popular debería ser un derecho cívico y un
ejemplo de democracia directa.
