lunes, 11 de septiembre de 2017

Una democracia de mentira




Estamos viviendo en una falsa democracia, donde casi todo es mentira, estamos sometidos diariamente a manipulaciones políticas y mediáticas, vivimos en un mundo en el que a los ciudadanos les es cada día más complicado diferenciar la mentira de la verdad. Esto, asociado al cansancio mental y la distracción intelectual organizada, permite a los políticos actuar como en una dictadura, dejando al ciudadano con la falsa impresión de vivir en una democracia muy avanzada, algo así como en la canción de Sabina, que dice: "me tratarías mejor que a un perro, piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastras la soga al cuello".

Los votantes necesitan más herramientas para tomar decisiones y cambiar leyes, para no estar obligados a soportar imposiciones, en muchas ocasiones, contrarias a sus propios intereses y tener que esperar cuatro años para cambiar unos políticos que deciden su futuro sin contar con la aprobación de los que les votaron.

La iniciativa legislativa popular

Una de estas herramientas podría ser la iniciativa legislativa popular, esto tendría que ser un derecho cívico que permitiría a un grupo de ciudadanos con derecho a voto, reunidos en un comité de iniciativa, proponer una modificación parcial o total de la constitución, de leyes existentes o proponer leyes nuevas y someterlo a votación popular.

Ese comité de iniciativa, podría recoger 2% de firmas necesarias del censo electoral, en un periodo de 12 meses desde la fecha en que registraron la iniciativa en la mesa del parlamento. A partir de esa fecha, el Gobierno tendría otros 12 meses para someterla a votación popular.

El mismo Gobierno podría proponer un contraproyecto, enmiendas o simplemente pedir el rechazo a los ciudadanos de ese proyecto de ley antes de presentarla a votación.

Evidentemente, eso mismo, se haría extensivo y se adaptaría a las CCAA y ayuntamientos.

El solo hecho de que existiera esa posibilidad, haría reflexionar a los políticos que dictan leyes contrarias a los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Pongo como ejemplo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, la del artículo 135 de la Constitución Española o la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Solo por citar algunas de las más polémicas.


La iniciativa popular debería ser un derecho cívico y un ejemplo de democracia directa.

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